El Congreso reprueba a Marlaska por la tragedia de Melilla y pide al Gobierno que traiga a España a uno de los supervivientes

El PP ha logrado uno de sus objetivo este jueves al conseguir que el Congreso haya apoyado su moción para reprobar al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su papel durante y después de la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio, en la que murieron al menos 23 personas.

Lo ha hecho consiguiendo el apoyo de varios aliados parlamentarios habituales del Gobierno y que rara vez habrían respaldado una iniciativa de los conservadores, menos aún cuando también la extrema derecha de Vox entraba en la ecuación.

Pero así ha sido y, en gran parte se debe a otra propuesta que los populares introdujeron a última hora para suscitar apoyos entre la izquierda: eliminar su petición de cesar a Marlaska y pedir al Gobierno que atienda con urgencia la solicitud de asilo de Basir (nombre ficticio por seguridad), un joven sudanés que sobrevivió al intento de cruce a Melilla, que fue devuelto automáticamente a Marruecos por la Guardia Civil (como otras 470 personas) y que acabó pidiendo protección internacional en la Embajada española en Rabat.

Hace casi dos meses que lo hizo con ayuda del abogado español Arsenio G. Cores, miembro de DEMOS, Estudio Legal de Derechos Humanos, con el objetivo no solo de conseguir una salvoconducto a España, sino para poner a prueba la ley de asilo española y las palabras de Marlaska, que ha asegurado en sede parlamentaria que las personas subsaharianas pueden solicitar asilo en España sin necesidad de "asaltar de forma violenta las vallas".

Así, la propuesta del PP ha salido adelante con 173 votos a favor (PP, Vox, la CUP, Junts y ERC), 15 abstenciones (PNV y EH Bildu) y 160 en contra (el grupo socialista, Unidas Podemos, Más País PdeCat).

La tragedia de Melilla ha sido uno focos que más ha desgastado al Ministerio del Interior y también al Gobierno, que ha sostenido al ministro hasta el final a pesar de que se ha ido probando en repetidas ocasiones que no estaba diciendo la verdad sobre los sucesos de junio en el paso fronterizo de Barrio Chino. En primer lugar negó que gendarmes marroquíes entraran en territorio español para llevarse a los migrantes que habían logrado cruzar todas las vallas, tal y como probó en exclusiva este diario.

También negó y sigue negando que hubiera muertos en suelo español que luego se llevaron los agentes marroquíes. Dos investigaciones de peso, la de la televisión pública británica (BBC) y la del consorcio internacional de medios Light House Report (con participación de El País, Le Monde, Der Spiegel y Enass), probaron con imágenes y testimonios que al menos uno de los migrantes falleció en la zona de control de los agentes españoles. Aunque Marlaska siguió negándolo y cargó contra las publicaciones por una supuesta falta de pruebas.

Durante el debate de esta moción, el pasado miércoles, no estaba claro qué iba a ocurrir y varios partidos habían dejado en suspenso el sentido de su voto. En concreto Vox, que de todas sus críticas a Marlaska nunca ha estado la actuación de las fuerzas de seguridad en la contención de migrantes. Pero al final ha acabado apoyando al PP.

Tampoco estaba claro si PNV y EH Bildu se sumarían al PP, ya que consideraban la moción una estratagema de los populares para reprobar a Marlaska a pesar de que nunca han querido que saliera adelante una comisión de investigación parlamentaria sobre los hechos. Pero también eran críticos con el papel de Interior y estaban de acuerdo que el joven Basir fuera trasladado a España. Acabaron absteniéndose a pesar de la enmienda de EH Bildu que no ha prosperado y que pedía una comisión parlamentaria de investigación.

A pesar de votar en contra, también Unidas Podemos pidió explícitamente que Basir fuera trasladado a España, tal y como dicta el artículo 28 de la ley de asilo, que lleva más de una década sin desarrollarse legislativamente. Es el embajador de España en Marruecos quien debe cursar la solicitud de traslado para que Basir pueda pedir asilo en España, aunque si esto ocurriera —y según la ley debe ocurrir— la preocupación en los ministerios de Exteriores y de Interior sería máxima por una más que probable acumulación de solicitudes en consulados y embajadas españolas.